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Associate Alex Guest examines the importance of the Hague 2019 Convention

By Alex Guest

Convenio de La Haya 2019: Una noticia positiva para las empresas del Reino Unido y la UE

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Marco Jurídico Internacional

El establecimiento de un marco jurídico internacional adecuado para la circulación de resoluciones civiles y comerciales, que proporcione seguridad jurídica y fácil acceso a la justicia, ha sido destacado por las empresas como un factor importante para atraer inversiones y promover las relaciones comerciales internacionales.

La ausencia de dicho marco jurídico internacional ha dado lugar a:

  • Empresas, que a pesar de haber tenido éxito en el proceso judicial, se les ha denegado luego derechos y recursos judiciales.
  • El inicio de un procedimiento judicial nuevo e imprevisible en otro Estado, simplemente para obtener un remedio legal que ya había sido obtenido anteriormente por derecho.
  • Un aumento de las costas incluido el desembolso de obtener asesoramiento jurídico extranjero sobre la ejecución de la resolución en dicho Estado extranjero.
  • Retrasos.
  • Incertidumbre.
  • Acuerdos transaccionales cada vez más complejos.
  • Obstrucciones al flujo del comercio, y la inversión internacional.

La complejidad e imprevisibilidad ocasionada por el Brexit a las empresas del Reino Unido y la UE, ha hecho patente la necesidad de un marco internacional integral y privado que abarque las resoluciones civiles y comerciales. Sin embargo, esta necesidad es posible que cambie con la firma por parte del Reino Unido del Convenio de La Haya de 2019 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Extranjeras en Materia Civil o Mercantil («el Convenio») que tuvo lugar el 12 de enero de 2024, tras su decisión de adherirse al Convenio el 23 de noviembre de 2023.

El Convenio

El Convenio es un acuerdo internacional, que exige que una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado contratante sea reconocida y ejecutada en otro Estado contratante, sin necesidad de recurrir al fondo de la resolución, aunque el reconocimiento y ejecución de la resolución puede ser denegada en circunstancias limitadas.

El Convenio sólo es aplicable al reconocimiento y ejecución de resoluciones relativas a asuntos civiles o comerciales, y excluye otras cuestiones como aduanas, cuestiones administrativas, difamación, propiedad intelectual, privacidad, transporte de pasajeros y mercancías, contaminación marina, insolvencia, competencia, arbitraje y procedimientos conexos.

El Convenio ya está en vigor en la UE (excepto Dinamarca) y Ucrania, y está previsto que entre en vigor en Uruguay en octubre de este año. También ha sido firmado por Israel, Costa Rica, Montenegro, Macedonia del Norte, la Federación de Rusia y los Estados Unidos, pero aún no está en vigor en esos Estados.

El Convenio entrará en vigor en el Reino Unido doce meses después de su ratificación, por lo que, si se ratifica este año, podría introducirse ya en 2025. Una vez que el Convenio sea ratificado, se aplicará a cualquier resolución inglesa obtenida en procedimientos judiciales iniciados mientras el Convenio haya estado en vigor en el Reino Unido.

¿Qué significa la firma del Convenio para las empresas de la UE y el Reino Unido?

El hecho de que el Reino Unido haya firmado el Convenio (que, no lo olvidemos, incluye a la UE como Estado contratante) debería ser una noticia positiva para las empresas del Reino Unido y de la UE, ya que:

  1. Ofrecerá una mayor estabilidad jurídica al comercio internacional, al proporcionar un marco claro que garantiza el reconocimiento y la ejecución de la mayoría de las resoluciones civiles y mercantiles.
  2. Simplifica el proceso de ejecución de resoluciones extranjeras en los estados contratantes.
  3. Proporciona seguridad jurídica y previsibilidad al comercio internacional, aclarando cuando, y en qué medida una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado contratante será reconocida y/o ejecutada en otro Estado contratante.
  4. Mejora el acceso a la justicia al garantizar el reconocimiento y la ejecución de resoluciones extranjeras, reduciendo así los plazos legales y las costas.

Es probable que el Convenio cambie las normas respecto a la ejecución y el reconocimiento de resoluciones judiciales y posteriormente ayude a desentrañar la complejidad e incertidumbre causadas por el Brexit. Sin embargo, esto no significa que volveremos al régimen de “libre circulación” que existía antes del Brexit, y las empresas deben ser conscientes de que aún pueden encontrar problemas, como por ejemplo:

  • Procedimientos judiciales paralelos y resoluciones contradictorias de diferentes jurisdicciones, ya que el Convenio no determina en que jurisdicción se debe procesar el litigio.
  • A diferencia del Convenio de Bruselas y Lugano, el Convenio no incluye el reconocimiento y ejecución de medidas provisionales internacionales como por ejemplo el requerimiento de un pago provisional.
  • La posibilidad de que un Estado contratante no ejecute la resolución por razones de orden público.

En general, si bien el Convenio promueve un entorno nacional e internacional positivo para el comercio y la inversión, las empresas deben aun considerar cuidadosamente la cuestión sobre la ejecución internacional de resoluciones judiciales, a la hora de negociar cláusulas de resolución de controversias en un contrato, o cuando surja una disputa.

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